La decisión de La Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) de imponer una multa a Globovisión por un valor del 7,5% de los ingresos brutos del canal durante 2010 (unos 2,1 millones de dólares), por el tratamiento informativo que dio la crisis penitenciaria en El Rodeo, fue rechazada por los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa
Dicha sanción fue calificada como una “represalia” SIP, que expresó en Lima, donde clausuró su 67 Asamblea General, su solidaridad con la cadena y señaló que la medida busca “ahorcar” al medio.
En esa línea, el director del diario peruano La República, Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, declaró que el fallo es “una mordaza y una amenaza” para Globovisión.
En este caso hay “una combinación de medidas legales cuestionables destinadas a ahorcar financieramente” al canal de televisión, aseguró el estadounidense Milton Coleman, editor del Washington Post y elegido presidente de la SIP.
Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), con sede en Montevideo y que agrupa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de todo el mundo, consideró la sanción como un paso “hacia la total hegemonía del Gobierno”.
En un comunicado, Luis Pardo, presidente de la AIR, opinó que la multa busca silenciar “al último canal de televisión abierta que mantiene una línea editorial independiente” en el país.
“Esto demuestra que en Venezuela, donde no hay independencia de los poderes del Estado y por ende tampoco hay un estado de derecho, se cierran medios y se silencian las voces no afines con el Gobierno, mediante procedimientos de apariencia legal, cuyos resultados son digitados e instruidos públicamente sin ningún disimulo por el propio Presidente”, afirmó.
En el mismo sentido se expresó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, al advertir que el Gobierno quiere “quebrar” al medio.
En la decisión de la Conatel es “abiertamente evidente la búsqueda de quebrar, de cerrar a un medio de comunicación”, dijo la presidenta del CNP, Silvia Alegrett, quien se dijo “indignada” y anunció que seguirán denunciando estos hechos ante las instancias internacionales.
“Ahora el Gobierno ha tomado la decisión de no solamente dictar pautas de contenido (...) sino que, además, nos va a dictar cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y es gravísimo”, agregó.
Dicha sanción fue calificada como una “represalia” SIP, que expresó en Lima, donde clausuró su 67 Asamblea General, su solidaridad con la cadena y señaló que la medida busca “ahorcar” al medio.
En esa línea, el director del diario peruano La República, Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, declaró que el fallo es “una mordaza y una amenaza” para Globovisión.
En este caso hay “una combinación de medidas legales cuestionables destinadas a ahorcar financieramente” al canal de televisión, aseguró el estadounidense Milton Coleman, editor del Washington Post y elegido presidente de la SIP.
Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), con sede en Montevideo y que agrupa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de todo el mundo, consideró la sanción como un paso “hacia la total hegemonía del Gobierno”.
En un comunicado, Luis Pardo, presidente de la AIR, opinó que la multa busca silenciar “al último canal de televisión abierta que mantiene una línea editorial independiente” en el país.
“Esto demuestra que en Venezuela, donde no hay independencia de los poderes del Estado y por ende tampoco hay un estado de derecho, se cierran medios y se silencian las voces no afines con el Gobierno, mediante procedimientos de apariencia legal, cuyos resultados son digitados e instruidos públicamente sin ningún disimulo por el propio Presidente”, afirmó.
En el mismo sentido se expresó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, al advertir que el Gobierno quiere “quebrar” al medio.
En la decisión de la Conatel es “abiertamente evidente la búsqueda de quebrar, de cerrar a un medio de comunicación”, dijo la presidenta del CNP, Silvia Alegrett, quien se dijo “indignada” y anunció que seguirán denunciando estos hechos ante las instancias internacionales.
“Ahora el Gobierno ha tomado la decisión de no solamente dictar pautas de contenido (...) sino que, además, nos va a dictar cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y es gravísimo”, agregó.
Ex presidente de la CIDH: "Conatel viola libertad de expresión"
Por su parte, el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, calificó como“desproporcionada e irracional” la decisión de Conatel, de imponer una multa de 9.300.000 bolívares fuertes a Globovisión, como sanción por la cobertura dada por el canal a los sucesos de la cárcel de El Rodeo.
“El Estado no puede ni tiene potestad alguna para definir el contenido que el periodista recoge en la calle (...) No es quién para decir cómo se debe cubrir correctamente una noticia”, remarcó el jurista venezolano en declaraciones ofrecidas al medio afectadO
“nivel pLa noticia se cubrió y permitió que estuvieran informados los familiares, permitió un debate y trascendió a olítico, al punto que permitió que se creara un nuevo cargo para el Ministerio de Sistema Penitenciario”, agregó.
De acuerdo con Ayala Corao, la decisión de Conatel viola el derecho a la la libertad de expresión e información de los venezolanos, principio que de ninguna manera puede quedar supeditado a la consideración de un ente administrativo.
“Está violando la libertad de expresión misma, cometiendo un acto arbitrario (...) Cualquier tipo de sanción administrativa, civil o penal” que se le impone a un periodista o medio “desnaturaliza y viola los límites a que pueda estar sometida la libertad de expresión”, manifestó el ex presidente de la Comisión-IDH.
Al referirse a las posibles motivaciones y alcances de la medida, en su opinión lo que se pretende es “inhibir el debate público, es censurar el acceso a las fuentes de información y un gravísimo inhibitorio no sólo sobre Globovisión, sino sobre el resto de los medios de comunicación”, dijo.
Finalmente, calificó el hecho como un “grave precedente”.
